En la Dimensión 7, el Plan parte de una lectura institucional muy concreta: mide capacidades y demanda futura de justicia, seguridad y relación gobierno–sociedad. En el año base, registra 3.6 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, 7.3 agentes fiscales por cada 100 mil y una incidencia delictiva de 52,026, además de un volumen importante de interacción digital con el gobierno (en 2021: 616,785 personas con interacción digital y 188,733 realizando trámites completamente digitales). Con base en ese dimensionamiento, proyecta que hacia 2050 la exigencia social crecerá y, con ella, la necesidad de reforzar capacidades (más jueces/fiscales y mejor respuesta institucional) y de consolidar una gobernanza más transparente y trazable.
El Plan también pone sobre la mesa riesgos y tensiones que pueden deteriorar la convivencia y el desempeño institucional si no se atienden a tiempo: normalización de desigualdad, violencia y discriminación; crecimiento de conflictos sociales y delitos cívicos/cibernéticos (incluida revictimización); sofisticación de delitos digitales y delincuencia de paso; encarecimiento del costo de vida con efectos como mayor indigencia, actividades ilícitas e invasión de predios; incremento de violencia contra las mujeres con impactos en infancias; violencia escolar asociada al crecimiento tecnológico sin acompañamiento; ingobernabilidad por rezagos de integración social en zonas alejadas; falta de incorporación de nuevas generaciones a instituciones de seguridad; y saturación de capacidades de procuración e impartición de justicia ante el crecimiento poblacional.
Como horizonte, el Plan imagina un estado donde el Estado de Derecho y la gobernanza caractericen la relación gobierno–sociedad, con participación social, transparencia y rendición de cuentas; al mismo tiempo, plantea fortalecer fuerzas del orden profesionales y equipadas tecnológicamente, con estrategias integrales de prevención y reacción oportuna, y colaboración entre gobiernos y sectores productivos para el uso compartido de información mediante sistemas digitales vigentes de seguridad. En el conjunto de estrategias vinculadas a esta dimensión, el Plan incorpora piezas como impulsar educación cívica en todos los niveles y sectores, elevar exigencia en sanciones que preserven orden social, hacer más atractivas las condiciones laborales de las fuerzas del orden, modernizar de forma permanente talento/tecnología/infraestructura en seguridad y justicia, y avanzar hacia la digitalización total de trámites gubernamentales.
En el taller, las y los especialistas coincidieron en que el reto de seguridad debe formularse con mayor precisión para que sea integral y medible: propusieron aclarar que “seguridad” no se limita a policías, sino que incluye capacidades institucionales, preparación del personal y un alcance mejor delimitado (por ejemplo, distinguir criminalidad, acceso penal y otros componentes). Además, pidieron incorporar la dimensión de percepción y confianza ciudadana: plantearon orientar parte de la narrativa e indicadores hacia el “sentir” social (lo que denominaron democracia emocional), reconociendo que el deterioro no proviene solo de normas, sino también de fricciones cotidianas y fallas institucionales.
Sobre el reto que combina transparencia, finanzas sanas y Estado de Derecho, la mesa recomendó separarlo para volverlo más funcional: por un lado transparencia y finanzas; por otro, consolidación del Estado de Derecho, con indicadores propios. También subrayaron una idea clave: el Estado de Derecho puede entenderse como un sistema con subsistemas y políticas públicas; más que una meta aislada, suele ser el resultado de que lo demás funcione, por lo que se debe medir de forma consistente.
Finalmente, en grandes estrategias, sugirieron simplificar el lenguaje para facilitar seguimiento y medición, ampliar el enfoque para incluir a la sociedad en general (no solo “ciudadanía”, para no dejar fuera a niñas, niños y adolescentes), y vincular explícitamente el tema con derechos humanos. También resaltaron la necesidad de un gobierno más abierto y transparente y de contar con mejores herramientas de comunicación y acceso a información entre gobierno y población (por ejemplo, rediseños y mejoras de plataformas). En educación cívica, insistieron en que el objetivo debe ser un civismo real y verificable, con implementación efectiva desde el sistema educativo, participación de distintos sectores y acompañamiento familiar para fortalecer cultura de paz, valores, ética y formación cívica.
